Los empleados públicos tienen el deber de actuar con diligencia en el desarrollo de su profesión. En definitiva, con la actuación de éstos, el prestigio de la Administración pública y la confianza que los ciudadanos depositan en ésta para solventar sus problemas y necesidades es lo que está en juego. Al igual que un empresario tiene el poder de dirección y control sobre sus subordinados, a los que puede sancionar y castigar en el ejercicio de su profesión, la Administración pública se sirve del régimen disciplinario para hacer lo propio sobre la actuación de su personal, ya se trate de funcionarios públicos o de empleados laborales a su servicio, con el fin de servir con objetividad al interés general en que se basa la actuación de la Administración. Su necesaria reconsideración y actualización es el objeto de esta línea de trabajo.