El sistema económico actual ha inducido a las Administraciones públicas a privatizar la gestión de determinadas actividades de naturaleza pública para que sean ejercidas por personal distinto del funcionariado público. Ello obliga a adoptar un régimen jurídico bastante complejo que implica delimitar con precisión las distintas formas de gestión de los servicios públicos, la prestación de servicios de interés económico general, la colaboración público-privada, las encomiendas de gestión, y el resto de transferencias al sector privado. De otro lado, y desde hace unos años, se viene produciendo un replanteamiento de las formas de gestión indirecta de los servicios públicos y, consiguientemente, un regreso a su gestión directa con la problemática que ello plantea de revisión de contratos celebrados y el régimen jurídico de su personal.