La actual situación de fragilidad del empleo en nuestro país determina que la seguridad y estabilidad del empleo público sean valoradas por amplios sectores de la población como una aspiración a alcanzar. A pesar de ello existe un amplio debate social sobre determinadas cuestiones a revisar sobre la relación funcionarial que están impulsando la alternativa del modelo laboral. Todo ello obliga a determinar con precisión y rigor los derechos y obligaciones de las distintas situaciones del empleado público.